Declaración de Quito

Conferencia Regional Humanitaria sobre la Protección de Personas Desplazadas y Refugiadas
Seguimiento al Plan de Acción de México
Pronunciamiento de las organizaciones de la Sociedad Civil
Quito, Ecuador, 9 de noviembre de 2010

Las organizaciones no gubernamentales, humanitarias, de derechos humanos vinculadas a la movilidad humana, asociaciones de refugiados y desplazados, Iglesia católica y expertos y académicos provenientes de Costa Rica, El Salvador, Panamá, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Estados Unidos y Chile, reunidos en la ciudad de Quito para hacer un seguimiento a la Declaración y el Plan de Acción de México, adoptados por veinte gobiernos de la región en noviembre de 2004 para “fortalecer la protección internacional de los refugiados en América Latina,

Reconociendo la participación en la Conferencia Regional Humanitaria de representantes de gobiernos de Estados Unidos, México, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Brasil, Perú, Argentina, Bolivia y Noruega, además de instituciones estatales de Derechos Humanos de Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, Brasil, Costa Rica, Panamá y Argentina,

Preocupados por la persistencia de situaciones que provocan el desplazamiento forzado de personas que buscan protección dentro y fuera de sus países y por la emergencia de nuevos flujos de migraciones forzadas atribuidas a causas socio-económicas, de la naturaleza y a nuevas formas de violencia,

Constatando que en ocasiones tiende a priorizarse la agenda de seguridad por encima de la agenda de protección de los derechos humanos de las personas refugiadas y desplazadas,

Advirtiendo que persisten, y en ocasiones se agravan, las formas de discriminación de las personas refugiadas y desplazadas por razones de género, edad, pertenencia a grupos étnicos o situación de discapacidad, así como preocupantes y crecientes manifestaciones de xenofobia y rechazo a la diversidad que agravan su situación de vulnerabilidad e impiden la realización de sus derechos,

Teniendo en cuenta que, en la región, Colombia es el país de origen del mayor número de personas refugiadas, reconocidas o no, y que Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Venezuela, Estados Unidos y Canadá son algunos de los países de destino de la mayoría de este flujo de refugiados en la región,

Considerando que en Colombia persiste una crisis humanitaria y de derechos humanos ocasionada por el desplazamiento forzado y que las formas de violencia que lo provocan se extienden más allá de sus fronteras y empiezan a generar flujos de desplazamiento interno de población civil en territorio de países vecinos,

Considerando que en otros países de la región emergen nuevas formas de violencia que están produciendo desplazamiento forzado interno y desplazamientos transfronterizos,

Reconociendo los esfuerzos realizados por gobiernos y Estados de Ecuador, Argentina, Bolivia, Uruguay Chile. Perú, Venezuela, Colombia, México, Costa Rica, El Salvador y Brasil, para adaptar su legislación en concordancia con el Derecho Internacional de los Refugiados y los Principios Rectores sobre Desplazamientos Internos y para convertir en políticas públicas las recomendaciones incluidas en el Plan de de Acción de México,

Celebrando las buenas prácticas y la voluntad política para asegurar el reconocimiento de las personas refugiadas mediante procesos de registro ampliado como el que implementó el gobierno del Ecuador, los programas de reasentamiento solidario, propuestos por el gobierno de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina, el principio de goce efectivo de derechos adoptado por la Corte Constitucional de Colombia para superar el estado de cosas inconstitucional provocado por el desplazamiento forzado, los esfuerzos por incluir a los desplazados por el conflicto armado interno del Perú en los planes de reparación de las víctimas,

Reconociendo los avances en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la protección de los derechos de las personas desplazadas y refugiadas,



Reconociendo el aporte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para contribuir al reconocimiento y protección de las personas refugiadas y desplazada, y a la construcción de políticas públicas que aseguren sus derechos.

Destacando los esfuerzos de las instituciones nacionales de promoción y protección de derechos humanos, Procuradurías y Comisionados de Derechos Humanos, las Defensorías del Pueblo, de los Habitantes y Defensorías Públicas Oficiales, orientados a la protección de los derechos de las personas refugiadas y desplazadas.

Valorando la participación de la sociedad civil, las Iglesias y la academia y el aporte de la cooperación internacional para la identificación, caracterización, protección, atención y búsqueda de soluciones duraderas para las personas refugiadas y desplazadas

Tomando en consideración los resultados de los encuentros nacionales preparatorios de la Conferencia Regional Humanitaria, realizados en Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Panamá y Colombia.

Reconociendo la participación de los gobiernos de la región en la Conferencia Regional Humanitaria y en sus actividades preparatorias como una buena práctica de diálogo horizontal y construcción de propuestas de protección, atención y de soluciones duraderas, en el espíritu de la Declaración y el Plan de Acción de México,

Saludando los procesos de organización de las personas refugiadas y desplazadas, su integración en procesos comunitarios con la población receptora y su participación en la definición de políticas públicas que aseguren soluciones duraderas,

Reafirmando que la repatriación voluntaria de las personas refugiadas y el retorno voluntario de los desplazados deben tener en cuenta condiciones de voluntariedad, seguridad, dignidad y garantías de no repetición por parte de los gobiernos para asegurar la protección integral de sus derechos






Recordando que la Declaración de México reafirmó “la validez y vigencia de los principios y normas contenidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como la complementariedad del derecho internacional de los refugiados, del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y por ende la importancia de la utilización bajo el principio pro-homine de las normas y principios de estas tres ramas del derecho internacional para fortalecer la protección de los refugiados y otras personas que tienen el derecho a la protección internacional” y que los gobiernos que suscribieron esta Declaración reconocieron “el carácter de jus cogens del principio de la no-devolución (non-refoulement), incluyendo el no rechazo en frontera, piedra angular del derecho internacional de los refugiados, recogido en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y afirmado asimismo en el artículo 22 (8) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo 3 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y el compromiso de los países de América Latina con el mantenimiento de fronteras abiertas para garantizar la protección y seguridad de quienes tienen el derecho a la protección internacional”

Tomando en consideración la realidad de las personas refugiadas y el desplazamiento forzado, así como las buenas prácticas en las respuestas institucionales y sociales y el importante rol de la cooperación internacional y teniendo en cuenta la necesidad de avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Declaración y el Plan de Acción de México,

Alarmados por la grave situación de desplazamiento interno que enfrenta ocurre en Haití como consecuencia de desastres naturales, pobreza y violencia y los efectos de esta crisis en países de la región que reciben cada vez más personas procedentes de este país,









Declaramos

Que tienen plena vigencia la Declaración y el Plan de Acción de México, y por lo tanto, instamos a los gobiernos a hacer mayores esfuerzos para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos y a adoptar los pasos que se requieran para hacer realidad la hoja de ruta de los derechos de las personas refugiadas y desplazadas en la región, siguiendo la tradición de asilo de América Latina y el espíritu de la Declaración de Cartagena de 1984.

Que se mantienen flujos de refugiados y solicitantes de asilo con motivo del conflicto armado en Colombia, situación que debe concitar la acción de los gobiernos para asegurar la protección de las personas que cruzan las fronteras y para promover soluciones duraderas que incluyen la integración en los países de asilo, el reasentamiento solidario en otros países y la repatriación voluntaria, que debe estar antecedida de plenas condiciones de seguridad y dignidad por parte del país de origen.

Que en concordancia con el Plan de acción de México es preciso revitalizar la búsqueda de soluciones duraderas. Si bien se constatan avances en el reasentamiento solidario, este programa debe ser fortalecido en el marco de la cooperación sur- sur, la responsabilidad compartida y el compromiso de solidaridad de los Estados para con los refugiados.

Que la realidad actual y la voluntad de las personas refugiadas se orientan a la integración en los países de asilo y, por lo tanto, es necesario fortalecer los procesos de integración y autosuficiencia económica, en cumplimiento del programa de ciudades Solidarias, para el cual las ONG pueden contribuir con su experiencia en programas de formación, formulación y ejecución de proyectos de generación de ingresos y microcrédito, para los cuales es necesario la participación responsable del sector financiero. Instamos a la comunidad internacional a ampliar su contribución para la atención de los refugiados colombianos en los países de asilo y a promover iniciativas de desarrollo local con un enfoque territorial de integración con las comunidades receptoras.





Que se mantiene una situación crítica y compleja de desplazamiento forzado en Colombia que de acuerdo con la Corte Constitucional de este país se asume como un “estado de cosas inconstitucional” que requiere de soluciones múltiples para asegurar el goce efectivo de derechos de esta población. Aún así, hay importantes avances legislativos y de implementación de políticas públicas que deben mantenerse. Instamos al gobierno colombiano a cumplir con los requerimientos del tribunal constitucional, a promover una eficaz restitución de tierras para las comunidades desplazadas y a ofrecer plenas garantías para la labor de las organizaciones de población desplazada sus líderes víctimas de asesinatos selectivos, persecución y amenazas. La Conferencia Regional Humanitaria reconoce la labor de la Corte Constitucional de Colombia y de la sociedad civil para asegurar el goce efectivo de derechos de la población desplazada como una buena práctica que debería ser referente para otros países de la región.

Que emergen nuevas formas de desplazamiento interno y migraciones transfronterizas que deben ser consideradas por los gobiernos, como los éxodos de población rural por modelos económicos de libre comercio que afectan a los campesinos más pobres, desplazamiento forzado por proyectos en gran escala, construcción de hidroeléctricas, uso de la tierra para producir agro combustibles, economías extractivas de recursos naturales y madera preciosas y desastres socio naturales atribuidos a la nefasta acción de empresas transnacionales sobre a naturaleza. Así mismo, hay formas de violencia generalizada asociada a comercios ilegales de drogas, trata y tráfico de personas y tráfico de armas, atribuidas a nuevos grupos armados con inmenso poder local que provocan formas de desplazamiento en zonas urbanas y zonas de frontera. Estas nuevas formas de violencia constituyen un desafío para la democracia y el estado de derecho y deben ser consideradas para intervenir sus causas y atender sus consecuencias, en el marco de la Declaración y el Plan de Acción de México.

Que se requiere fortalecer la labor de organismos como el ACNUR cuya presencia en la región para atender situaciones de refugio y desplazamiento tiene plena validez. No ayuda al ejercicio de los derechos de las personas desplazadas internas el debilitamiento de la figura del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los Desplazados Internos. Los organismos internacionales y el sistema interamericano están en mora de articular esfuerzos para promover los derechos de las personas refugiadas y desplazadas en la región.


Que es necesario reactivar y fortalecer el mecanismo de reuniones entre los estados, la sociedad civil y la comunidad internacional para hacer seguimiento a los flujos de personas solicitantes de asilo, refugiadas y necesitadas de protección, promoviendo un diálogo constructivo y permitiendo una mayor participación a la sociedad civil, teniendo en cuenta sus prácticas y experiencia de protección en terreno.

Que es urgente promover una acción positiva desde los medios de comunicación frente al desplazamiento, el refugio y las migraciones que contribuya a reconocer los derechos de las personas refugiadas y desplazadas y a prevenir la xenofobia y toda forma de discriminación.

Que los acuerdos bilaterales y multilaterales en materia de seguridad, lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la violencia que implementan los gobiernos, deben tener en cuenta los derechos de las personas desplazadas y refugiadas y los derechos humanos como premisa necesaria para una seguridad estable y sostenible en la región.

Que es urgente asegurar el acceso a la justicia de las mujeres que han sido víctima de violencia sexual basada en género en el marco del conflictos armados y violencia generalizada.


Que cobran mucha relevancia escenarios multilaterales como Unasur, Mercosur y asociaciones y organizaciones del Sistema Interamericano, Conferencia Sudamericana de Migraciones, el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y la Asamblea y el Consejo Permanente de la OEA para promover la inclusión del Plan de Acción de México como documento guía de las políticas públicas sobre refugiados. En tal sentido la Conferencia acoge la propuesta del gobierno de México de promover en la OEA un proyecto de declaración sobre el el tema de los desplazamientos internos y del gobierno de Ecuador de activar mecanismos similares en Unasur, que deberían considerar la elaboración de un Plan de Acción para Desplazados Internos.

Que cobra la mayor importancia el papel de las instituciones nacionales defensoras de los derechos humanos y, por lo tanto, instamos a las Defensorías y demás organismos a continuar realizando esfuerzos en la protección de las personas desplazadas y refugiadas en la región, en seguimiento al Plan de Acción de México.

Que condenamos los asesinatos de líderes de población desplazada en Colombia e instamos al gobierno a garantizar la vida de las personas que reclaman sus derechos de verdad, justicia y reparación.

Que constituye una importante experiencia de participación la realización de esta Conferencia Regional Humanitaria, convocada por la sociedad civil con la participación de delegados de los gobiernos, comunidad internacional e, instituciones nacionales de derechos humanos y que es necesario dar continuidad al proceso iniciado en Quito para asegurar el seguimiento y monitoreo a esta declaración y mantener la interlocución con los gobiernos. En este sentido, es necesario fortalecer mecanismos de seguimiento, formas de interlocución con los gobiernos y presentación de informes periódicos en torno a esta declaración.

Que es urgente una acción internacional de solidaridad con el pueblo de Haití, que involucre a los gobiernos y organismos internacionales, para atender con urgencia a las personas concentradas en campamentos de desplazados, dispersos por el territorio nacional y a quienes buscan asilo en otros países

Por último, los asistentes a la Conferencia Regional Humanitaria expresamos nuestro agradecimiento y reconocimiento al gobierno del Ecuador por auspiciar esta convocatoria. Así mismo, reconocemos la iniciativa y el esfuerzo de las organizaciones que hicieron posible esta Conferencia: Consultoría para los Derechos Humano y el Desplazamiento CODHES, Consejo Noruego para Refugiados, Refugees International, Servico Jesuita a Refugiados, Pastoral de Movilidad Humana de Ecuador, Pastoral Social de Colombia, y Costa Rica y las Hermanas Scalabrinianas. También, reconocemos y agradecemos el auspicio de ACNUR, Consejería en Proyectos, OIM, IIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Universidad Andina Simón Bolívar, Flacso, IDEHUCA, Instituto de Derechos Humanos y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana de Colombia, WOLA, CEJILy el apoyo de los gobiernos de Noruega, Suecia, Estados Unidos, que hicieron posible esta reunión de seguimiento a la Declaración y el Plan de Acción de México.