sábado, 18 de dezembro de 2010

X Cúpula Social do Mercosul

ÑANDEVA – TODOS NÓS
14 a 16 de dezembro de 2010
Parque Tecnológico de Itaipu - Foz do Iguaçu - Paraná
DECLARACIÓN FINAL
“Por un MERCOSUR libre de xenofobia, racismo y toda forma de discriminación”
En el marco de la X Cumbre Social del MERCOSUR, por primera vez se crea un espacio
abierto a la voz de los migrantes. Los migrantes y sus organizaciones, reconocen, agradecen, y
se comprometen a acompañar la construcción de una agenda social de las migraciones en el
MERCOSUR, en la perspectiva de reafirmar la migración como un derecho humano.
Reconociendo, por un lado, los avances en las políticas migratorias en los países de la
región, entre las cuales se destaca el Acuerdo de Libre Residencia del MERCOSUR, más Chile y
Bolivia, y por el otro, señalando que persisten en América del Sur legislaciones migratorias
incompatibles con los derechos humanos, las cuales deben ser urgentemente reformuladas.
Condenando la criminalización de las migraciones implementadas a través de leyes y
medidas como la Directiva de Retorno de la Unión Europea, la Ley Anti-Migratoria del Estado
de Arizona, la violencia y discriminación practicadas contra migrantes, como por ejemplo
contra bolivianos y paraguayos por el gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires, y
contra latino-americanos en Tamaulipas, México.
En la perspectiva de contribuir para la humanización de las políticas migratorias del
MERCOSUR:
1. Enfatizamos la importancia de la Convención de la ONU para la protección de todos los
trabajadores migrantes y sus familiares, pues reconoce que los migrantes requieren de
atenciones específicas. Afirmamos la necesidad de la ratificación de la Convención por
los países que aún no lo han hecho, sobre todo el Brasil, así como la implementación
efectiva por aquellos Estados que ya la ratificaron;
2. Enfatizamos la importancia de incluir el tema de las migraciones en la agenda política,
económica y sociocultural de todos los Estados Parte y asociados;
3. Defendemos la construcción de una política migratoria común en los países de
América del Sur, que redunde en la consolidación de la ciudadanía suramericana, sin
que eso implique un trato excluyente para los migrantes de otros continentes;
4. Proponemos la creación de un consejo de políticas migratorias e integración de los pueblos en el ámbito de la UNASUR, como instancia política y decisoria;
5. Exigimos que el derecho a la salud sea garantizado a todos y todas sin discriminación, con acciones que impliquen el acceso tanto a medidas preventivas como acciones de tratamiento, siempre teniendo en cuenta el contexto migratorio de las personas y los aspectos culturales específicos;
6. Exigimos que el derecho a la educación sea garantizado a todos y todas sin discriminación, independiente de su condición migratoria. A ningún niño, adolescente o adulto migrante le será privado el acceso a la educación. Para el pleno acceso a este derecho, debe considerarse el contexto migratorio de las personas, los aspectos culturales específicos y el reconocimiento de la validez de los títulos académicos a nivel regional;
7. Reconociendo la importancia de la contribución de los trabajadores migrantes al desarrollo de los países de origen y destino, solicitamos: a) apoyo de los gobiernos a fin de facilitar la regularización de los emprendimientos productivos, a través de la reducción de la burocracia; b) la garantía de la igualdad de trato entre trabajadores migrantes y los trabajadores locales, de acuerdo a las normas internacionales; c) mecanismos reales de acceso a la seguridad social para todos, teniendo en cuenta la realidad de la inserción de los trabajadores migrantes en el sector informal;
8. Exigimos mayor apoyo de los países de origen de los migrantes, a través de sus representaciones consulares, que deben conocer y ocuparse de sus reales demandas;
9. Exigimos la facilitación de la obtención de los documentos personales, a través de la reducción de la burocracia y la protección de los migrantes contra las arbitrariedades, llevando siempre en consideración que ningún migrante es ilegal;
10. Exigimos el reconocimiento de la necesidad de humanizar la atención al migrante, atribución que debe ser delegada a un organismo específico con enfoque de derechos humanos. A ese efecto, proponemos que el rango institucional de las instituciones migratorias sea elevado a Secretaría de Estado;
11. Consideramos que es un deber de los Estados, implementar canales de información y difusión de los derechos y deberes de los migrantes a los propios migrantes y para toda la sociedad. Tales acciones deben desarrollarse en los lugares de origen, tránsito y destino de los migrantes;
12. Reconociendo la importancia del protagonismo de los migrantes en la lucha por sus derechos, enfatizamos la necesidad de posibilitar la incidencia, tanto en instancias públicas, garantizando el pleno ejercicio de la libertad de expresión, así como en los medios de comunicación;
13. Exigimos el derecho de los migrantes a participar en las decisiones respecto a los asuntos migratorios, garantizando que tenga representación política, tanto en el derecho a elegir como a ser electo; en el derecho a sindicalizarse y a la participación en todas las instancias políticas;
14. Proponemos la inclusión como prioridad en la agenda de reivindicación de las migraciones los temas de género, el interés superior del niño y adolescente, la tercera edad, así como de las personas con discapacidad, en concordancia con las convenciones específicas existentes como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención Internacional sobre los derechos del niño, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad;
15. Proponemos la creación de un Consejo Consultivo de Migraciones del MERCOSUR, integrado por las organizaciones de los migrantes.

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