(CENTROAMÉRICA, NORTEAMÉRICA Y CARIBE)
San José, Costa Rica, Junio 3 de 2011
Nosotros, Obispos católicos responsables de las comisiones de movilidad humana reunidos en San José, Costa Rica, del 1 al 3 de junio de 2011, unidos a religiosos, religiosas, laicos, laicas, participantes de CELAM y de Cáritas Internacional, comprometidos con la realidad migratoria, expresamos nuestra solidaridad con nuestros hermanos y hermanas que migran en busca de una mejor vida en esta región.
Testigos del gran sufrimiento que viven las personas migrantes de nuestros países y regiones, quienes son víctimas de explotación y abuso por parte de varios actores (funcionarios públicos, empleadores sin escrúpulos y organizaciones criminales), nuevamente exigimos a nuestros gobiernos hacerse responsables de la protección legal a los y las migrantes, incluyendo a quienes buscan trabajo, solicitan asilo, refugio y han sido víctimas de Trata de Personas.
Pedimos especial atención y protección para familias, mujeres y niños.
Reconocemos el derecho de soberanía de las naciones para legislar sin embargo, consideramos injustas e inhumanas y, por lo tanto, objeto de cambio o supresión, las leyes que provocan la separación de familias migrantes, detenciones arbitrarias y amenazas a la vida. Todas estas consecuencias se ven reflejadas en:
El incremento de la violencia en los secuestros por parte del crimen organizado de las personas migrantes. El dramático incremento de secuestros y homicidios de migrantes en México, cometidos por organizaciones criminales, demandan una respuesta urgente.
La masacre de 72 migrantes en Tamaulipas, México, el año pasado y los descubrimientos más recientes de más de 200 personas –muchas de ellas migrantes- en el norte de México, representan una terrible tragedia que ha recibido poca atención por parte de las autoridades gubernamentales.
Estos asesinatos y secuestros continúan en la impunidad. Las personas migrantes que han sido secuestrados y luego liberados han experimentado traumas severos y todavía no reciben ningún tipo de atención ni servicio; ellas deberían recibir cuidado específico para víctimas en México o en su país de origen. Exigimos a nuestros gobiernos que trabajen juntos para reducir el peligro que padecen las personas migrantes y que castiguen a los responsables de estos crímenes.
Hacemos un llamado a los gobiernos y nuestros hermanos a concientizar a las personas
migrantes sobre la peligrosidad de las organizaciones criminales que operan en México y a no dejarse engañar por ellas.
El incremento en las deportaciones entre Estados Unidos y México. El gobierno de Estados Unidos apoyado por su Congreso ha deportado una cantidad record de migrantes en los últimos dos años, a pesar de la petición realizada por la Iglesia Católica, para trabajar en la reforma de la ley de migración que incluiría la legalización de los trabajadores indocumentados y sus familias.
Urgimos al Gobierno de los Estados Unidos cambiar el curso de sus acciones y proteger a los migrantes y sus familias independientemente de su status migratorio.
De la misma manera, en México han aumentado las deportaciones, los migrantes han recibido un duro tratamiento y casi nulo acceso al debido proceso. El Gobierno mexicano pierde credibilidad cuando busca protección para sus ciudadanos en otros países pero no la provee para los inmigrantes en México.
La tragedia de la Trata de Persona. Aquellos que viven en pobreza continúan siendo víctimas de la Trata de Persona en nuestro hemisferio, sobre todo representan un alto grado de vulnerabilidad los niños y niñas migrantes no acompañados, que en muchos casos son víctimas en los países de tránsito y destino. Ciertamente se han realizado pasos importantes en los últimos diez años para enfrentar este problema humanitario que no son suficientes. Expresamos nuestro apoyo a los esfuerzos contra la Trata de Personas y el aumento en la atención de víctimas. Urgimos la vigilancia de parte de los gobiernos y nuestros compatriotas en la lucha en contra de esta tragedia hasta que sea eliminada de nuestro hemisferio y del mundo entero.
Crecimiento de la inequidad económica. Como hemos sostenido en el pasado, la solución a la migración es el desarrollo y las oportunidades económicas en todo el hemisferio, de tal manera que las familias puedan encontrar trabajo y vivir con dignidad en sus países de origen. Mayor atención debe ponerse a la inequidad económica, especialmente cuando la integración económica y los acuerdos de libre comercio son abordados entre países del hemisferio.
Estos acuerdos favorecen algunos sectores económicos pero excluyen a otros. Un gran número de trabajadores, particularmente en las zonas rurales pobres en los países en desarrollo, frecuentemente son despojados de su medio de subsistencia debido que tales acuerdos no toman en cuenta sus intereses.
Más importante aún, es que los gobiernos del hemisferio provean y fomenten la inversión social y pongan su atención en la creación de empleos y la satisfacción de necesidades de salud, educación, vivienda y seguridad social. El desarrollo económico y social sostenible debe ser la meta más importante del hemisferio.
Los efectos de la globalización en las personas. Vivimos en un tiempo en que los bienes, el capital y la comunicación se intercambian globalmente en poco tiempo. Sin embargo, las personas en movimiento que proveen de fuerza de trabajo para mantener el crecimiento económico no reciben protección legal. Nuestros gobiernos no pueden continuar beneficiándose del trabajo de las personas sin documentos sin ofrecerles protección legal.
Los países de origen se benefician enormemente de las remesas enviadas por los migrantes, pero sin compromisos verdaderos que transformen la realidad de las personas migrantes y sus familias, a través de obras de desarrollo y promoción humana integral, para ellas y las comunidades. Los países de destino obtienen beneficios del trabajo de los migrantes pero se resisten a darles protección y en ocasiones los utilizan como objetos durante los procesos electorales. Las autoridades en países de destino también someten a los migrantes a duros y difíciles procesos migratorios y no los protegen de la explotación y el abuso, permitiendo con ello el irrespeto de la dignidad de la persona.
En tanto que es un tema moral, esta situación no puede continuar. Urgimos a las naciones que no han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familias, aprobarla y armonizar su legislación, y crear políticas públicas que reflejen el espíritu de la Convención para las personas migrantes independientemente de su status migratorio.
El incremento en las amenazas a agentes de la Pastoral de Migrantes en su carácter de
defensores y defensoras de derechos humanos. Este es un drama que ha aumentado en
México, como una cacería para tantos hombres y mujeres cuya labor pastoral hermana y
solidaria, se ha convertido en amenaza, sobre todo para la bandas criminales y algunos funcionarios coludidos con ellos, que han perdido el sentido de ver a la persona y ven en el migrante una mercancía de lucro.
Algunos agentes de la pastoral, pese a encontrarse con amenazas de estos criminales, han asumido su compromiso de fe con valentía y han defendido con su propia vida y con celo a los migrantes, como el pastor defiende a la oveja del lobo que se la quiere tragar.
A estos hermanos/as les agradecemos su testimonio de fe, les exhortamos a seguir siendo fieles al Señor Jesús; al mismo tiempo, urgimos a las autoridades correspondientes fomentar, respetar y reconocer los santuarios de migrantes, que lo único que buscan es ser una Casa Grande donde todos/as son hermanos y hermanas, hijos/as de un Padre común.
El proceso de recuperación de Haití. Urgimos la continua colaboración para la recuperación de Haití, la nación más pobre del hemisferio, tras el terremoto de enero de 2010. Apremiamos a las naciones a proteger a los haitianos que residen en su territorio y a continuar la asistencia económica a Haití. Felicitamos a las naciones que ofrecen protección ampliada para los haitianos en sus territorios.
Sin embargo, nos preocupan las nuevas deportaciones de migrantes haitianos hacia Haití en un contexto de inseguridad económica y política. Las naciones que han renovado las deportaciones deberían detenerlas hasta que Haití se recupere y esté en condiciones de recibirles.
Como Pastores y acompañantes, continuaremos defendiendo los derechos de los migrantes en nuestro hemisferio y visibilizando sus necesidades. Mientras apoyamos la implementación de la ley en nuestros países también trabajamos para que estas leyes sean justas para todos los seres humanos, especialmente para aquellos que no tienen poder político ni tienen quién les represente. Pedimos a los católicos y a todas las personas de este hemisferio que nos acompañen en esta tarea. Llamamos a los católicos a acoger a los migrantes, actitud que forma parte de nuestra fe y nuestro compromiso cristiano.
Como seguidores de nuestro Señor Jesucristo continuamos “acogiendo al extranjero” tal como él nos enseño: haciendo vida la escena de la persona que cae en manos de bandidos y el paso de una buena persona, que hace las veces de Jesús: vendó sus heridas…y cuidó de él (Lc. 10, 25-37), e invita a hacer lo mismo: cuida de él, porque “lo que hayas hecho a uno de nuestros pequeños, me lo hiciste a mí (Mt.25, 35-40).
Mons. Ángel Sancasimiro Mons. Pedro Varela Sever
Obispo de Alajuela Obispo Aux. Arquidiocesis de Panamá
Responsable de la Movilidad Humana Responsable de Pastoral Social
Conferencia Episcopal de Costa Rica Conferencia Episcopal de Panamá
Mons. Álvaro Ramazzini Imeri Mons. Pedro Hernández Cantarero
Obispo de San Marcos Obispo del Vicariato de Darién
Responsable de la Movilidad Humana Encargado de Migración
Conferencia Episcopal de Guatemala Conferencia Episcopal de Panamá
Mons. Joseph Bonello
Obispo Auxiliar de Juticalpa
Responsable de la Movilidad Humana
Conferencia Episcopal de Honduras
Mons. Raúl Vera López
Obispo de Saltillo
Conferencia Episcopal Mexicana
Mons. Rafael Romo Muñoz
Arzobispo de Tijuana
Responsable de la Movilidad Humana
Conferencia Episcopal Mexicana
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