¿Nuestro gozo en un pozo?

Ana María Aragonés
La ley de migración que se presentó al Senado de la República, y que provocó una importante reacción en contra por ser claramente violatoria de los derechos humanos, finalmente y después de una larga discusión parecía haber suprimido algunos de los artículos más lesivos. Entre ellos el que facultaba a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para intervenir en actos de migración (artículo 26), así como el 151 que imponía multas a aquellos empleadores que contrataran migrantes sin papeles, y se modificó el artículo 32, que favorecía la denuncia anónima para detener a esos migrantes. Estábamos sin duda de plácemes con esta nueva legislación, pues se enfocaba hacia el respeto de los derechos humanos y la no discriminación. Sin embargo, al final resultó que el texto del dictamen sobre la ley de migración aprobado por el Senado es distinto, según señala Fabienne Venet, pues “sigue criminalizando a quienes cruzan el territorio nacional en busca de llegar a Estados Unidos, ya que se considera la movilidad humana sin documentos como tema de seguridad pública, propicia la violación de sus garantías individuales básicas al permitir a la SSP ejercer controles migratorios y operativos de detención de viajeros, así como visitas domiciliarias, que violan la libertad de tránsito” (La Jornada, 9 de marzo).

De ser así, sería verdaderamente lamentable que al momento de plasmar la discusión de los senadores en esa ley no se haya eliminado la criminalización de los migrantes que transitan por el territorio nacional pues en lugar de otorgarles una visa como tales, se les otorga una visa de turista. Esto mantendría en gran parte su vulnerabilidad, justamente lo que se encuentra en la base de sus sufrimientos en su paso por el país, como torturas, secuestros y hasta asesinatos. Sería tanto como hacer de lado el derecho a migrar como un derecho humano. Además de que se sigue sancionando a personas que alojen a los migrantes indocumentados.

Parecía que se había logrado sensibilizar a los legisladores y en función de ello se había aprobado una legislación modelo que permitía a México exigir a Estados Unidos que cambiara el trato para nuestros migrantes, en la medida en que se estaba actuando en el mismo sentido que queremos para nuestros trabajadores.

En este sentido, ahora no sólo no se puede cantar victoria sino que hay que llevar a cabo una importante lucha en la Cámara de Diputados para que se enmienden los artículos que son lesivos a los migrantes y lograr que la ley tenga como eje rector los derechos humanos. En caso de que la ley sea reformulada en el sentido que todos esperamos, no sólo se beneficiará a los migrantes sino que el país dejará de una vez por todas de hacer el trabajo sucio, situación que ha ocasionado parte de las tragedias que conocemos y abonado a la corrupción de buena parte de las instituciones involucradas en estos asuntos.

De todas maneras faltaría un último paso, la firma del Ejecutivo federal, que puede aprobarla o ejercer su derecho de veto. ¿Qué tan probable es esto? Habría que tomar en cuenta la reacción de Estados Unidos, pues es muy probable que no sea de su agrado y ejerza muchas presiones. Y aquí queda la duda del papel y la respuesta de Felipe Calderón, que hasta ahora no se ha caracterizado por su fortaleza cuando del país vecino se trata.

Estados Unidos puede considerar, equivocadamente, que la ley añadiría un problema más de inseguridad en la frontera, cuando justamente esa es la solución. Si ese país actuara en el mismo sentido que esperamos que la ley finalmente se sustente, se otorgarían papeles a los que buscan trabajar en Estados Unidos y por lo tanto habría un registro de todas estas personas. Se sabría quiénes son, y no podrían confundirlas, aunque quisieran, con terroristas. Saber quién entra y quién sale del país es la mejor manera de contribuir a la seguridad nacional. Se quitaría presión en la frontera, las agrupaciones militares y policiacas se dedicarían no a cazar indocumentados, sino a la seguridad nacional.

Claro que una consecuencia muy importante es que los empleadores tendrían que remunerar a esos trabajadores como señalan las leyes laborales del país, condición que no han estado dispuestos a cumplir, pues es mucho más conveniente para sus ganancias mantener en el limbo jurídico a esos 12 millones de trabajadores y explotarlos a voluntad. Y esta es una de las razones que están detrás de la negativa de estos grupos para llevar a cabo una reforma migratoria integral, y no por lo que repiten sin cesar cuando argumentan que no van a premiar a quien ha violado la ley. Pueden seguir sancionando a los empleadores, la verdad es que se ríen de ello, pues es como quitarle un pelo a un gato, y la explotación continúa.

Si la ley de migración en México tiene el curso que todos esperamos, será un claro ejemplo de cómo revertir la tan lesiva condición de indocumentados al otorgarles libertad de movimiento sin discriminación en el marco del respeto a sus derechos humanos. De no hacerlo así, México seguirá no sólo haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos, sino que su calidad moral se verá gravemente cuestionada. [NIEM]